Ocho familias campesinas de la comunidad de Lapachal Alto se encuentran bajo una medida cautelar dictada por la justicia local, en el marco de un proceso penal que ha sido calificado públicamente como un "montaje" basado en documentación falsificada. La denuncia principal apunta a la utilización de un poder notarial espurio emitido a nombre de una persona que ya había fallecido al momento de la supuesta firma.
El portavoz de los afectados, Edgar Urzagaste, presentó ante los medios de comunicación las pruebas documentales que sostienen la denuncia, entre ellas el certificado de defunción de la propietaria original de las tierras, fechado en el año 2017. Según Urzagaste, dos años después de su deceso, en 2019, se registró un poder especial (No. 3720/18) en una notaría de la ciudad de Tarija a cargo del Dr. Rubén Murillo Antelo. Mediante este documento, la fallecida supuestamente "resucitó" para otorgar facultades legales a un tercero, identificado como Calixto Velázquez Ortega.
"Este es el poder con el que hicieron bajar a la señora, que en paz descanse, para darle facultades a este señor Calixto y realizar una compra-venta ficticia que luego inscribieron en Derechos Reales. Es indignante que una persona que murió en 2017 resucite en 2019 para firmar un poder", aseveró Urzagaste, mostrando los folios a la prensa.
La denuncia pública subraya la presunta negligencia o complicidad de las autoridades judiciales de Yacuiba, apuntando de forma directa al juez Marco Antonio Maraz. Según los denunciantes, el juez validó la demanda y dictó medidas cautelares (arraigos y firmas periódicas) contra los ocho comunarios, quienes habitan y trabajan de manera pacífica en dichos predios fiscales desde hace más de 20 años.
Urzagaste contrastó el accionar del juez con el del Ministerio Público, señalando que el fiscal asignado al caso realizó correctamente su trabajo al investigar el fraude, lo que derivó en la imputación formal del notario Rubén Murillo Antelo en la capital del departamento. Sin embargo, lamentó las "incongruencias" procesales tras una apelación en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, donde las vocales de sala, Dras. Sosa y Chamón, determinaron eximir de culpa al presunto comprador ficticio y mantener el proceso contra los comunarios.
"En Tarija imputan al notario a favor nuestro por la documentación falsa, pero al señor Calixto, que es el que usa el poder y vende las tierras, lo largan. Si hay un delito cometido entre dos, la lógica es que ambos respondan", cuestionó el portavoz, quien además adelantó que se iniciarán procesos penales por prevaricato e incumplimiento de deberes contra el juez Maraz y otros administradores de justicia locales.
Las tierras en disputa, según el testimonio de los afectados, son de origen netamente fiscal. Los comunarios han construido allí sus viviendas y consolidado sus formas de producción agrícola durante las últimas dos décadas.
El señor Barrientos, uno de los comunarios damnificados presentes en la conferencia de prensa, se adhirió firmemente a la denuncia: "Somos personas humildes de la comunidad. Llegamos con este gran problema y solo pedimos que se haga valer el derecho y la verdad, porque todo lo que se ha dicho está plenamente respaldado en los papeles".
Finalmente, Urzagaste lanzó una dura crítica a las recientes inspecciones de los magistrados de la Corte Suprema en la región, acusándolos de realizar visitas protocolares y "hacerse declarar huéspedes ilustres" en lugar de auditar los cuadernos de investigación y sancionar la mora y la corrupción procesal que asfixia al Gran Chaco.