Tras más de 50 días de bloqueos y severas medidas de presión que han dejado al menos 20 personas fallecidas y millonarias pérdidas económicas en el país, la asamblea legislativa decidió respaldar por más de dos tercios de votación el decreto de declaratoria de estado de excepción emitido por el presidente de la nación. Así lo informó la senadora Rosalva Romero en una reciente entrevista, donde detalló los pormenores del debate parlamentario y la urgencia de reactivar el aparato productivo boliviano.
La legisladora explicó que, tras la sorpresiva emisión del decreto presidencial el pasado sábado, se convocó a una sesión presencial de emergencia con carácter inmediato a las 11:00 de la noche de ese mismo día. A pesar de las dificultades logísticas y de transporte para los asambleístas que se encontraban en sus regiones (como el caso de la delegación de Tarija), se logró consolidar el quorum necesario para dar legitimidad a la decisión. Según Romero, el respaldo mayoritario al decreto busca restablecer la totalidad del control de las rutas del país y devolver el derecho al libre tránsito a la ciudadanía boliviana.
Asimismo, la senadora aclaró que, bajo el marco legal vigente y el análisis del decreto, la población actualmente realiza sus actividades con "total normalidad", ya que la medida no contempla restricciones severas directas como ley seca o toques de queda, excepto en puntos donde la conflictividad lo requiera de forma estricta. De igual forma, celebró que en zonas críticas como el departamento de Cochabamba, donde persistían entre 10 y 12 puntos de bloqueo, ya se han escuchado manifestaciones de sectores sociales decididos a levantar las medidas de presión.
Sin embargo, Romero advirtió sobre el panorama crítico que deja este periodo de conflictividad, calificando de "triste" el saldo de fallecidos y señalando que el cerco al país destruyó la economía de miles de negocios medianos y pequeños. "La pérdida ha sido millonaria y va a tomar más de un año poder revertir esta situación", lamentó.
Frente a la propuesta del órgano ejecutivo de implementar una reprogramación de créditos financieros para aliviar la crisis, la senadora Romero manifestó la sorpresa y preocupación compartida con la banca privada. Aseguró que esta medida, si bien otorga un alivio temporal, a largo plazo acumula intereses y eleva el valor total de la deuda, perjudicando aún más a los prestatarios.
En su lugar, planteó la necesidad de que el gobierno nacional estructure incentivos directos e inmediatos, tales como descuentos en servicios básicos o la dotación de vales de combustible (propuestos en un estimado de 10,000 litros) para el sector del transporte pesado, el cual reportó más de 400 vehículos de gran tonelaje varados en las carreteras.
Finalmente, al evaluar la coyuntura política y el encarecimiento desmedido de la canasta familiar y productos de primera necesidad que afectó el comercio interno, la senadora apuntó a que el gobierno central "jugó al desgaste" de las movilizaciones financiadas y criticó la postura de ciertos actores políticos, mencionando a Evo Morales, a quien acusó de buscar escenarios de mayor violencia y letalidad en las calles. Romero concluyó asegurando que desde el legislativo se continuará realizando el acompañamiento y las gestiones necesarias para devolver la estabilidad económica y la paz social a las regiones afectadas.