Mientras cientos de familias y comerciantes locales en los barrios del centro y norte de Yacuiba llevan hasta tres semanas peregrinando sin poder conseguir una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la frontera se ha convertido en un mercado sin control donde el combustible nacional se oferta a plena luz del día y al mejor postor.
Así lo denunció enfáticamente el Lic. Humberto Espinoza, presidente del barrio San Juan y dirigente del Distrito 8 urbano, quien apuntó directamente contra la pasividad y presunta complicidad de ciertos representantes barriales, así como a las redes organizadas de reventa.
El reclamo más contundente de la jornada apunta a la propia estructura dirigencial. Según Espinoza, el verdadero filtro para frenar el contrabando debería empezar en las juntas vecinales, pero en la zona fronteriza ocurre todo lo contrario.
"Hay dirigentes que autorizan a los camiones la entrega de grandes cantidades de garrafas sin fiscalizar quién las recibe. En barrios como Pocito y Barrio Nuevo se llega al colmo de cobrar cuotas de hasta 2 Bolivianos a los vecinos con la promesa de asegurarles el cupo, permitiendo que personas vayan con familias enteras a retirar volúmenes desproporcionados", recriminó el dirigente.
Espinoza remarcó la falta de un criterio unificado y estricto. De nada sirve que en barrios del centro se aplique el control de "una garrafa por vecino", si a pocos metros, en los barrios colindantes con la línea internacional, los camiones repartidores entregan garrafas de manera irresponsable con el aval de los propios presidentes de zona.
El resultado de esta falta de rigor en la distribución interna es el desabastecimiento local y el enriquecimiento de los especuladores en el lado argentino.
Precios por las nubes: Mientras la garrafa en Bolivia mantiene su precio subvencionado, en los grupos de compra y venta de WhatsApp de la banda argentina (Pocito), el GLP boliviano se oferta abiertamente entre 80, 120 e incluso hasta 200 Bolivianos.
Redes de acopio: Camionetas y vagonetas particulares operan escoltando a los camiones distribuidores para acaparar el producto en cuanto cruza los límites de los barrios controlados, desviándolo de inmediato hacia los pasos ilegales y quebradas.
La población exige que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las autoridades municipales y la Policía dejen la pasividad de oficina y sienten presencia real en las calles y puntos estratégicos de la frontera para frenar este desfalco al bolsillo del ciudadano yacuibeño.