La firma del acuerdo alcanzado este viernes entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha dejado en evidencia que el fin de la crisis social está lejos de alcanzarse. A pesar del pliego petitorio pactado bajo la premisa de "pacificar el país", el conflicto ingresa a sus 50 días mostrando una peligrosa atomización: las bases indígenas y rurales desconocen el pacto y anuncian la masificación de las medidas de presión.
El acuerdo, sellado tras reinstalarse la mesa de diálogo, buscaba desactivar una de las crisis más severas de los últimos años, la cual ya registra un saldo trágico de más de una decena de fallecidos y pérdidas multimillonarias en la actividad productiva. Sin embargo, la efectividad del pacto ha quedado en entredicho tras las declaraciones de los sectores que sostienen los bloqueos en las carreteras estratégicas.
El verdadero pulso de la protesta ya no se define en los despachos de la COB, sino en los puntos de bloqueo controlados por los campesinos Túpac Katari y los productores cocaleros del trópico de Cochabamba. Ambas facciones ratificaron que el Gobierno central no ha atendido sus demandas estructurales.
Desde la provincia Ingavi, el ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz, Vicente Salazar, fue tajante al cuestionar el rumbo de la negociación y manifestar que la COB ha perdido credibilidad ante las bases. Salazar confirmó que el pacto de unidad original que exigía la renuncia del mandatario se ha roto y que las movilizaciones no solo continúan, sino que se masificarán en los próximos días.
Cerco total en el eje urbano: Las ciudades de La Paz y El Alto cumplen 50 días bajo un estricto desabastecimiento de alimentos, medicamentos, GLP y oxígeno medicinal, provocando un mercado negro con alarmantes sobreprecios.
Colapso energético: El resto de las capitales departamentales reporta kilométricas filas en las estaciones de servicio, amenazando con paralizar el transporte urbano e interdepartamental ante la falta crónica de combustible.
El escenario actual plantea un duro desafío para la administración de Rodrigo Paz. La firma con la COB demuestra ser un alivio político parcial, pero inoperante en el terreno logístico mientras la Federación Túpac Katari y el sector cocalero mantengan el control de las carreteras nacionales. La pacificación de Bolivia dependerá ahora de la capacidad del Ejecutivo para entablar diálogos directos con estos liderazgos rurales, quienes mantienen su posición de no dar el brazo a torcer.