Miembros del Sindicato de Transporte "Dos de Agosto", respaldados por la Federación de Cooperativas, activaron una protesta pacífica pero contundente en las puertas del Ministerio Público. Los transportistas denuncian una alarmante retardación de justicia por parte de la fiscal asignada al caso, la Dra. Ángela Coronado, quien mantiene retenido un vehículo de trabajo desde hace más de un mes y medio, vulnerando flagrantemente el derecho al sustento de una familia.
El conflicto se originó a raíz de un accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de mayo. Según los dirigentes del sector, el conductor afectado transitaba de manera normal y sobria cuando fue colisionado por una persona en estado de ebriedad, quien lamentablemente perdió la vida en el hecho. A pesar de ser la parte afectada, el transportista hoy enfrenta el secuestro indefinido de su motorizado.
Don Rolando, representante del sector en movilización, expresó el descontento y la desesperación de sus bases:
"La mayoría de los transportistas vivimos de nuestro trabajo; día trabajado, comida para el día. Detrás de nosotros hay esposas e hijos estudiando. Es preocupante que tras un mes y medio no haya respuestas de la Fiscalía y solo nos den vueltas con la documentación. Hoy es nuestro compañero, mañana puede ser cualquiera de nosotros".
Frente a este escenario, la defensa técnica del transportista afectado asumió una postura estrictamente profesional pero firme, cuestionando el rol del Ministerio Público como garante de la legalidad. El abogado patrocinante del caso expuso las graves irregularidades procedimentales en las que está incurriendo la fiscalía:
"Nos encontramos ante una movilización pasiva del sector social, motivada por circunstancias donde el Ministerio Público ha hecho oídos sordos a lo que establece la normativa vigente. Desde la fecha del hecho, el 24 de mayo, han transcurrido aproximadamente un mes y quince días de una retención que contraviene de forma directa el artículo 171 del Código Nacional de Tránsito, el cual manifiesta taxativamente que ningún medio de transporte puede permanecer detenido por más de diez días. En este contexto, si es el Ministerio Público quien está llamado por ley a cumplir los plazos procesales, debemos cuestionarnos: si la autoridad no cumple la ley, ¿a quién vamos a exigirle su cumplimiento?"
Asimismo, el jurista enfatizó que la inocencia de su defendido, el Sr. Aquelino Lazo, ya ha sido ratificada por las instancias técnicas correspondientes y que no existen argumentos válidos para prolongar el perjuicio económico.
"Existe un informe técnico de la Unidad Operativa de Tránsito que libera a mi patrocinado del cien por ciento de la responsabilidad. De igual forma, se ha cumplido rigurosamente con las directrices emitidas por Tránsito y la división de DIPROVE, acreditando de manera irrefutable la propiedad del motorizado. El argumento fiscal de retener el vehículo bajo el fundamento de una audiencia señalada para el 7 de julio carece de proporcionalidad, habida cuenta de que existen otros mecanismos legales alternativos menos lesivos, como la anotación preventiva. Lo único que se está exigiendo aquí es el respeto al derecho constitucional al trabajo, considerado un derecho sagrado, y el cese inmediato de este secuestro indebido."
Bajo pancartas con lemas como "Exigimos la devolución de mi herramienta de trabajo", el sector del transporte organizado advirtió que, si bien la medida de hoy consistió en un plantón pacífico de corta duración para no perjudicar a la población, el gremio se declara en estado de emergencia. De no obtener una respuesta favorable y la liberación inmediata del motorizado en las próximas horas, los transportistas anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión y definirán nuevas estrategias de lucha amparadas por sus entes matrices a nivel departamental y nacional.